HECHOS

PRIMERO. Don Antonio Vecino Ejemplo, con DNI 12345678Z y domicilio en Calle Mayor, 1, 46000, Villanueva del Ejemplo, sufrió una caída en la acera de la Calle Mayor de dicho municipio como consecuencia directa del deficiente estado de conservación del pavimento público. Concretamente, el accidente se produjo por la existencia de una baldosa suelta y un desnivel no señalizado en la vía pública, circunstancias que generaron un riesgo para los peatones que transitaban por dicho tramo. El compareciente no pudo prever ni evitar el obstáculo dado que no existía señalización alguna que advirtiera del peligro, ni medida provisional de protección o balizamiento.

SEGUNDO. Como consecuencia directa e inmediata de la caída, el reclamante sufrió una fractura de muñeca que requirió atención de urgencias, inmovilización con escayola y posterior tratamiento de rehabilitación, causándole una baja de varias semanas durante las cuales se vio impedido para desarrollar su actividad habitual. Los daños sufridos son de naturaleza personal y moral, son individualizables, evaluables económicamente y el reclamante no tiene obligación jurídica alguna de soportarlos, dado que traen causa exclusiva del funcionamiento anormal del servicio público de conservación de la vía pública municipal. Se dispone de los siguientes medios de prueba: fotografías del lugar del accidente que acreditan el estado del pavimento, parte médico de urgencias que documenta las lesiones sufridas, informes de seguimiento del proceso de rehabilitación y testigos presenciales del accidente, todo ello disponible para su aportación en el procedimiento.

TERCERO. La Calle Mayor de Villanueva del Ejemplo es una vía pública de titularidad y gestión municipal, cuya conservación, mantenimiento y señalización corresponde en exclusiva al Ayuntamiento. El estado de deterioro del pavimento no era puntual ni sobrevenido de forma imprevisible, sino que presentaba signos evidentes de falta de mantenimiento que hacen presumir que la Administración local conocía o debía conocer dicha situación y no adoptó las medidas correctoras oportunas. La relación de causalidad entre la omisión del deber de conservación y el daño sufrido es directa, inmediata y suficiente, sin que concurra fuerza mayor ni conducta imprudente del perjudicado que pueda romper dicho nexo causal.


FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Competencia municipal en materia de conservación de vías públicas. El art. 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL), atribuye al municipio competencias propias en materia de infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. Asimismo, el art. 18.1.g) de la misma LBRL reconoce a los vecinos el derecho a exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. El art. 26.1.a) de la LBRL establece que todos los municipios deberán prestar el servicio de conservación de vías públicas, lo que incluye el deber de mantener el pavimento en condiciones de seguridad para los ciudadanos. El incumplimiento de este deber de conservación constituye el presupuesto fáctico que fundamenta la presente reclamación.

SEGUNDO. Responsabilidad patrimonial de la Administración. El art. 106.2 de la Constitución Española de 1978 (en adelante, CE) establece que los particulares, en los términos fijados por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Este mandato constitucional se desarrolla en el art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), que dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Adicionalmente, el art. 36.1 de la misma LRJSP precisa que los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados, lo que legitima la presente reclamación directa ante el Ayuntamiento de Villanueva del Ejemplo. Para que nazca la responsabilidad patrimonial es necesario acreditar: la efectividad del daño, su carácter antijurídico (el perjudicado no tiene el deber jurídico de soportarlo), y la relación de causalidad directa entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido, requisitos todos ellos concurrentes en el presente caso.

TERCERO. Requisitos de la indemnización y criterios de valoración. El art. 34.1 de la LRJSP establece que solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que este no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley, y que el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. El art. 34.2 de la misma ley dispone que la indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En el presente caso, los daños son perfectamente individualizables y evaluables, comprendiendo los gastos sanitarios acreditados, los perjuicios derivados de la incapacidad temporal durante el periodo de baja y el daño moral derivado del sufrimiento físico y las limitaciones padecidas.

CUARTO. Procedimiento administrativo aplicable. El art. 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), establece que los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito su derecho a reclamar, fijando el plazo de prescripción en un año desde que se produjo el hecho o el acto que motive la indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo. El art. 21.1 de la LPAC obliga a la Administración a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, siendo el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de seis meses en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, conforme al art. 91.3 de la LPAC. El art. 24.1 de la LPAC establece que, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, lo que le habilitará para interponer los recursos que procedan. El art. 53.1.a) de la LPAC reconoce al interesado el derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesado.

QUINTO. Principios constitucionales y de buena administración. El art. 9.3 de la CE garantiza el principio de legalidad, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El art. 103.1 de la CE establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El art. 3.1 de la LRJSP recoge los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación a los que debe ajustarse la actuación de las Administraciones Públicas, así como el principio de servicio efectivo a los ciudadanos. El incumplimiento del deber de conservación de la vía pública en condiciones de seguridad supone una vulneración de estos principios y genera la obligación de reparar íntegramente el daño causado. Asimismo, el art. 25.2 de la LBRL, en relación con el art. 1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, confirma el marco competencial municipal y la sujeción del Ayuntamiento al principio de responsabilidad por el funcionamiento de sus servicios.